Su sensible desaparición, sigue sin esclarecimiento
Jamás se podrá olvidar que en la noche del 24 de abril del año 1.991, en la población antioqueña de Segovia, fuerzas oscuras de la extrema derecha segaron la vida del brillante periodista y poeta Julio Daniel Chaparro Hurtado,
El execrable crimen de Julio Daniel se registró cuando, en compañía del reportero gráfico Jorge Enrique Torres Navas, quien igualmente pereció en el atroz crímen, habían llegado a Segovia con el propósito de elaborar un trabajo periodístico relacionado con una reciente masacre registrada meses atrás en la citada localidad.
Acerca de estos hechos, su hijo Daniel Alberto Chaparro Diaz, escribió las siguientes reflexiones: «¿Cuáles fueron las consecuencias de este doble homicidio en Segovia? ¿Cómo medir la anchura de ese silencio? Cómo suena su eco en ese gran cañón que nos dejó su ausencia? Y, anota, «Claudia Jimena Duque me dijo un día que «si con Jaime Garzón mataron un día el humor político en Colombia, con Julio Daniel Chaparro mataron la crónica periodística, esa breve que se escribe en un periódico».
Una breve semblanza de Julio Daniel indica que el año de su dolorosa desaparición, cumplía 29 de fructífera vida, convertido en una notoria estrella de la crónica, algo que él perfectamente lo sabía. Y despojado de total ego, en tertulias pasajeras con colegas y amigos aseguraba que su máximo sueño era poder ser el próximo premio Nobel de literatura.
Julio Daniel Chaparro Hurtado (1.962-1.991) se distinguió siempre como un joven poeta y periodista que logró, en el breve lapso que le permitieron tener en este mundo, mantener un sólido y llamativo periodismo narrativo. Su propuesta poética no maduró tan rápido como sus crónicas, lo que nos impide conocer el alcance final de sus poemas, aunque su nombre sea escogido entre la antología de las poesías colombianas.
Afortunadamente, 35 años después del abominable homicidio, el Estado colombaino firmó una solución amistosa con las familias de las dos víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este reconocimiento de responsabilidad constituye un significativo avance en materia de justicia, porque el Estado colombiano se compromete a reparar los daños morales y materiales e inmateriales ocasionados por este crímen y a adelantar un seguimiento periódico del proceso penal.
